LA EXTREMA DERECHA COLOMBIANA Y LOS ACUERDOS DE PAZ Por Jaime Giraldo González-Rubio.
	Negacionismo y acuerdos de paz en Colombia
Los tribunales de la Inquisición El análisis de un conflicto antiguo como el de la violencia en Colombia es reducido por los sectores de la ultraderecha a un proceso penal en el cual ellos se arrogan el papel de acusadores, jueces y ejecutores, y al enfrentamiento entre “los buenos del país”, encarnados por ellos, y los malos: aquellos que están ideológicamente en campos diferentes, a los cuales no les reconocen ningún derecho político, ni el de resistencia, ni el de protesta, ni el de ser fieles a una ideología, ni el de la autodefensa, ni el de la lucha armada cuando los caminos democráticos se cierran. Los sectores de la ultraderecha ignoran culposamente la historia de la violencia en Colombia, se limitan a acusar a los segundos de ser «bandas organizadas de delincuentes, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas…». El país incendiado Pretenden ignorar hecho fundador de la violencia: el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, líder popular de izquierda que indiscutiblemente habría ganado las elecciones presidenciales y que prometía liderar una lucha por la ascensión económica, social y moral de las clases desfavorecidas. Ese asesinato resolvió el conflicto político a favor del status quo pero prendió el fuego de la violencia, Los jefes de los partidos tradicionales se encargaron de alimentar ese fuego en el ámbito nacional, como en el departamento del Tolima en donde la filiación política se convirtió en crimen meritorio de muerte; bandos doctrinarios conservadores y liberales, conocidos como bandoleros, chulavitas pájaros, chusma…, recorrían los campos en búsqueda de poblaciones de filiación opuesta para asesinarlos. Las autodefensas campesinas No fue raro que la lucha por la supervivencia engendrara un experimento político particular entre los campesinos: la organización de estructuras sociales cuya defensa fuera asegurada por sus propios hombres. Hacia 1960, después de muchas peripecias, con la asesoría y el respaldo del partido comunista, se habían establecido en una región de difícil acceso conocida como Marquetalia. Durante la presidencia de Guillermo León Valencia, su destrucción se convirtió en prioridad política (el senador Alvaro Gómez Hurtado, en 1961, se había referido a la existencia de una serie de repúblicas independientes que no reconocían la soberanía del Estado Colombiano). En 1964, contando con la financiación y asesoramiento del ejército de los Estados Unidos, de acuerdo el plan LASO (Latin American Security Operation), el ejército colombiano atacó simultáneamente a Marquetalia por tierra y por aire. El enclave fue tomado pero sus grupos de defensa, comandados por Manuel Marulanda Vélez, lograron escapar. Este episodio guerrero sirvió de preludio a la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los sectores de ultraderecha pretenden ignorar una serie ininterrumpida de hechos políticos de la vida nacional como los descritos arriba, nutrientes una y otra vez de la violencia. Nuestro deseo no es escribir un compendio de historia a partir de 1948, nos basta ilustrar dos de esos hechos históricos. PRIMERO (El fraude y sus consecuencias) Las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 dieron como ganador a Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular. Cuando los resultados habían sido ya difundidos por los medios de comunicación y había celebraciones en las calles, el gobierno de Colombia (siendo presidente Carlos Lleras Restrepo y canciller Alfonso López Michelsen) decidió dar un golpe de Estado haciendo uso de la radio y la televisión. Para asegurar su éxito, el gobierno decretó el Toque de Queda y el Estado de Sitio e instauró la censura a la prensa y a la radio (Los dilectos amigos de las emisoras están dando informaciones inexactas y si continúan en esta forma el gobierno aplicará las sanciones legales, dijo por la radio Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno, para amedrentar a Todelar y a los otros medios de comunicación). El propósito evidente del golpe de Estado fue evitar la aplicación de los programas de cambio social de Rojas Pinilla en favor de las clases menos favorecidas. Proclamado ganador en forma ilegal Misael Pastrana Borrero el país estuvo al borde de un segundo «Bogotazo» y de un estallido nacional de violencia mortuoria, pero el ejército ocupó las calles de las capitales y se enfrentó a la población con los fusiles calados y cargados, la militarización fue completa. Después de dos días de disturbios, el 21 de abril, en vísperas de un paro Nacional de protesta, Lleras Restrepo por la televisión pronunció el discursos más represivo y amenazante de la historia del país, y al día siguiente muy temprano, la casa de Rojas Pinilla fue rodeada por soldados y policías con cascos de acero, ametralladoras, fusiles, vehículos blindados, aislándola del mundo exterior. Las prisiones militares del país se llenaron de presos políticos. Si bien los dirigentes de los dos partidos tradicionales evitaron un estallido nacional, no pudieron evitar que algunos intelectuales formaran un grupo clandestino revolucionario bajo el nombre de M 19 (“19” era la fecha del fraude). Sus acciones habrían de tener connotaciones simbólicas además de Robin-Hoodianas (todas espectaculares): robo de la espada de Bolívar, robo a los poderosos de bienes de primera necesidad para distribuirlos entre los pobres, toma de la embajada de la República Dominicana, intentos de secuestro de narcotraficantes, secuestro de familiares de éstos, robo de armas del Cantón Norte, toma del Palacio de Justicia, secuestro de Alvaro Gómez Hurtado; algunas muy extremas como el asesinato de un dirigente de una central obrera a quien presuntamente se le comprobó que trabajaba como agente para los Estados Unidos... Una nueva Constitución Nacional Si se le preguntara a los sectores de extrema derecha, dirían que el M19 no era sino una ««banda organizada de delincuentes, asesinos, narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas…», nunca admitirían que su conformación como grupo ilegal se dio como acto de rebelión ciudadana contra un golpe de Estado dado por y desde el palacio de gobierno. Tampoco admitirían que incorporación del M 19 a la legalidad años después mediante acuerdos de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco dio como resultado, gracias al apoyo del estudiantado nacional mediante la llamada séptima papeleta, el remplazo de la muy antigua y deficiente constitución de 1886 por aquella que nos rige, la de 1991, la cual introdujo cambios necesarios al funcionamiento moderno del Estado, como son la libertad de cultos, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, las acciones de Tutela, la descentralización administrativa, los derechos y mecanismos de participación política de los ciudadanos (el plebiscito, el referendo, las consultas populares, la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandatos)... El asesinato de Carlos Pizarro, candidato a la presidencia de la república por el M 19, transformado en partido político, fue otra de las consecuencias del abandono de las armas. SEGUNDO (La aniquilación física de la izquierda) En la década de los ochenta, un proceso de paz adelantado entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC promovió la incorporación paulatina del movimiento guerrillero a la vida civil y política del país mediante la creación de un partido político denominado «La Unión Patriótica». En 1986 por vía de elección, el nuevo partido contaba con un nutrido grupo de senadores, representantes, concejales y alcaldes. Comenzó entonces uno de los episodios más bochornosos de nuestra historia: la exterminación, por parte de fuerzas oscuras, conformadas presumiblemente por paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, de no solamente los miembros la Unión Patriótica sino de sus simpatizantes. Se calcula que más de tres mil personas fueron asesinadas o forzadas a desaparecer, entre ellas, dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, además sus congresistas, diputados, concejales, alcaldes. Nos preguntamos si los sectores de la ultraderecha colombiana osan justificar el asesinato de prácticamente todos los miembros de un partido político legal como lo fue la Unión Patriótica. Maniqueísmo y doble moral de la ultraderecha Los ideólogos de la ultraderecha se ocupan «diabólicamente» de inscribir en el cerebro de una parte de la población del país sus doctrinas de odio, de doble moral, de perpetua guerra. Fervientes promotores de la polarización entre el bien y el mal, entre dioses y demonios, maniqueístas mesiánicos, se asocian ellos a la luz y asocian a las tinieblas a aquellos cuyo pensamiento político no comparten. La doble moral de la ultraderecha dejó huellas históricas en los acuerdos pactados entre ella, entonces en el poder, y las organizaciones paramilitares de Colombia, acuerdos que permitieron la desmovilización e incorporación a la vida civil, entre 2003 y 2006, de más de treinta mil integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, declaradas organizaciones terroristas por la Unión Europea y los Estados Unidos, y que según las organizaciones de derechos humanos, periodistas, historiadores, la opinión pública, se caracterizaban por su sevicia y barbarie, su autoría de masacres de miles de civiles, campesinos, sindicalistas… Esa doble moral se evidencia en su oposición a los acuerdos de paz pactados entre las FARC y el Estado colombiano. Esos acuerdos deberían significar para la ultraderecha, como lo significan para la mayoría de la población colombiana, el final de una guerra entre dos poderes políticos de concepciones opuestas, guerra que no pudo ser ganada ni por los unos ni por los otros, eternizándose, forzando en consecuencia la realización de conversaciones de paz, no una entrega o sumisión. Deberían significar para la ultraderecha el final de un período de violencia de casi setenta años que ha destrozado al país. ¡Pero no! En su pretendida ceguera la ultraderecha desestima y menosprecia el reconocimiento y el respaldo dados a los acuerdos de paz por el Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon (su Secretario General), la Corte Penal Internacional, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial del Comercio, la comunidad internacional incluyendo a los Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, el Vaticano…, y en esa misma pretendida ceguera desestiman un hecho histórico: que los actores de la violencia en Colombia han sido múltiples; entre ellos el Estado colombiano , sus fuerzas armadas, sus organismos secretos, las organizaciones paramilitares, la delincuencia común, los narcotraficantes, los terratenientes, los partidos políticos tradicionales (el liberal y el conservador), algunos de los nuevos partidos, las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros. Y desestiman el alcance de los acuerdos de la Habana sobre desarrollo agrario, bienestar, justicia, educación de los campesinos (una pequeña revolución en favor de las víctimas eternas de la violencia), desestiman el regreso de la calma y la cordialidad a nuestros campos y el posible retorno de parte de los campesinos a sus tierras natales. La ultraderecha se opone radicalmente a que Colombia dé un paso en la dirección de una nación menos injusta, quizás muy lejana aún, pero deseable y posible. Para la ultraderecha el único paso aceptable es la aniquilación definitiva de las FARC mediante la guerra abierta y total. ¿Otros setenta años de violencia? ¿Hacia una nueva exterminación? Finalmente, nos preguntamos si la eliminación física de los miembros de la Unión Patriótica va a caer en un futuro muy próximo sobre los integrantes desmovilizados de las FARC. Dios quiera que por primera vez en Colombia la historia no se repita. Bogotá, 5 de septiembre 2016